A cuidar la democracia

Las democracias rara vez desaparecen de un día para otro. Suelen erosionarse lentamente, casi de manera imperceptible, hasta que un día la sociedad descubre que aquello que consideraba permanente ya no existe. El intenso debate suscitado por la entrada en vigencia del Código Penal y por las disposiciones que algunos han denominado "Ley Mordaza" ofrece una oportunidad para reflexionar sobre una pregunta mucho más profunda ¿qué tan sólida es nuestra democracia y cuáles son hoy los riesgos que enfrenta?En toda democracia constitucional resulta saludable que existan debates intensos. Las discrepancias, la crítica y la deliberación pública son parte esencial del sistema democrático. Lo verdaderamente preocupante ocurre cuando el debate deja de orientarse a mejorar las instituciones y comienza a cuestionar la legitimidad del propio sistema que hace posible esa discusión. Ese es precisamente uno de los principales riesgos que hoy enfrentan numerosas democracias alrededor del mundo. Durante mucho tiempo se creyó que las democracias morían mediante golpes de Estado, intervenciones militares o rupturas abruptas del orden constitucional. Sin embargo, la experiencia comparada demuestra una realidad muy distinta.Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, en su ya clásica obra “Cómo mueren las democracias”, sostienen que las democracias contemporáneas rara vez colapsan de forma repentina. Más bien, suelen erosionarse lentamente desde dentro, mediante el debilitamiento progresivo de los controles institucionales, la deslegitimación de los adversarios políticos, el deterioro de las normas informales de convivencia democrática y la normalización de prácticas que, consideradas aisladamente, parecen inofensivas, pero cuya acumulación termina alterando el equilibrio constitucional.La historia demuestra que las democracias suelen debilitarse por desgaste mucho antes que por ruptura. Ese proceso comienza, casi siempre, con una pérdida progresiva de confianza ciudadana en las instituciones. Cuando la ciudadanía concluye que los partidos políticos no representan sus intereses, que el Congreso carece de legitimidad, que los órganos de control son ineficaces, que los jueces responden a intereses políticos o que el Estado ha dejado de servir al interés general, aparece un terreno fértil para quienes ofrecen soluciones simples a problemas extraordinariamente complejos. Es allí donde emergen los discursos antisistema.Yascha Mounk, en “El pueblo contra la democracia”, advierte precisamente sobre este fenómeno. Su tesis central no consiste en cuestionar la democracia, sino en alertar sobre una peligrosa separación entre dos elementos que históricamente han convivido, la voluntad popular y el Estado constitucional de derecho. Cuando las instituciones pierden legitimidad, el riesgo consiste en sustituir la democracia liberal por una democracia meramente plebiscitaria, donde la voluntad circunstancial de una mayoría pretende ubicarse por encima de la Constitución, de los derechos fundamentales y de los contrapesos institucionales. La historia demuestra que ese camino termina debilitando tanto la libertad como la propia democracia.La República Dominicana no está aislada de esas tendencias globales. Nuestra democracia presenta importantes desafíos. Persisten problemas de corrupción, desigualdad, baja confianza institucional, debilidad de algunos mecanismos de rendición de cuentas y una creciente distancia entre ciudadanos y organizaciones políticas. Negar que existen importantes oportunidades de mejora sería un error.Pero igualmente equivocado sería concluir que la respuesta consiste en destruir las instituciones democráticas que durante más de tres décadas han permitido la estabilidad política, el crecimiento económico, la alternancia pacífica en el poder y el fortalecimiento gradual del Estado de derecho. Conviene recordar que pocas naciones de América Latina han logrado combinar, durante un período tan prolongado, estabilidad política, crecimiento económico sostenido y sucesiones presidenciales pacíficas como lo ha hecho la República Dominicana desde mediados de los años noventa.Esa estabilidad no surgió por casualidad. Ha sido el resultado de un entramado institucional construido mediante acuerdos políticos, reformas constitucionales, fortalecimiento del sistema electoral y consolidación progresiva de los partidos políticos como instrumentos de representación democrática. Nada de ello significa que nuestro sistema sea perfecto. Significa, simplemente, que existe un patrimonio institucional cuya preservación debe constituir una prioridad nacional. Probablemente sea uno de los activos más importantes que posee la República Dominicana y cuya defensa debe trascender cualquier coyuntura política.Precisamente por ello, los partidos políticos tienen hoy una responsabilidad histórica que va mucho más allá de la competencia electoral. En la obra de Levitsky y Ziblatt sostienen que los partidos democráticos cumplen una función insustituible como “guardianes de la democracia”. Son el primer filtro institucional frente a proyectos políticos que, aunque lleguen legítimamente al poder mediante elecciones, posteriormente pretendan debilitar las reglas que hicieron posible su propia elección.Esta función exige una enorme madurez política. Implica comprender que el adversario electoral no necesariamente constituye un enemigo del sistema democrático. Pero también exige reconocer que existen movimientos, discursos o liderazgos que pueden instrumentalizar el descontento ciudadano para promover la concentración del poder, el debilitamiento de los contrapesos institucionales o la deslegitimación permanente de toda autoridad distinta de la propia.No se trata de rechazar la renovación política. Toda democracia necesita nuevos liderazgos, nuevas ideas y nuevas generaciones de dirigentes. El problema nunca ha sido la aparición de nuevos liderazgos. El problema surge cuando esos liderazgos dejan de competir dentro de las reglas democráticas y comienzan a cuestionar la legitimidad de las propias reglas. Los llamados “outsiders” pueden representar una extraordinaria oportunidad cuando enriquecen el debate público, impulsan reformas institucionales y fortalecen la confianza ciudadana. El problema aparece cuando la renovación política deja de consistir en mejorar las instituciones y pasa a consistir en desacreditarlas sistemáticamente.Cuando el liderazgo personal sustituye a las organizaciones. Cuando la voluntad del líder pretende reemplazar la fuerza de la Constitución y las leyes. Cuando la polarización sustituye al diálogo. Cuando toda institución independiente pasa a ser presentada como un obstáculo. Cuando el éxito político depende de convencer a la ciudadanía de que todo el sistema debe ser demolido para que pueda comenzar una “nueva etapa”.La historia europea del siglo XX y diversas experiencias latinoamericanas más recientes enseñan que el deterioro democrático raramente comienza con la supresión inmediata de las libertades. Comienza, más bien, con la normalización del lenguaje excluyente, la descalificación permanente del adversario, el debilitamiento de la confianza en las instituciones y la idea de que el fin justifica cualquier medio.Cada proceso histórico posee causas, contextos y particularidades propias. Sería intelectualmente deshonesto equiparar, sin matices, experiencias tan distintas como la Alemania de entreguerras, la Italia fascista o la Venezuela contemporánea. Sin embargo, todas ellas dejan una advertencia común que merece ser estudiada. Esto es, que cuando las instituciones democráticas pierden legitimidad y los actores responsables no reaccionan a tiempo, las soluciones antisistema o autoritarias encuentran un terreno fértil para prosperar.En este contexto, el debate sobre cualquier iniciativa legislativa debe abordarse con serenidad, con especial tecnicismo, apertura y profundo respeto por los principios constitucionales. Toda regulación debe superar un riguroso examen de proporcionalidad, necesidad y compatibilidad con los derechos fundamentales. Pero, al mismo tiempo, la defensa de las libertades no puede convertirse en un pretexto para alimentar dinámicas de desinformación, polarización extrema o descrédito sistemático de las instituciones democráticas.Existe una diferencia fundamental que nunca debemos perder de vista. Una democracia madura no debe temer a la reforma; debe temer a la demolición institucional. Reformar supone corregir, modernizar y fortalecer las reglas del juego. Demoler implica sustituir las instituciones por la voluntad de personas o de mayorías circunstanciales. La diferencia entre una y otra es, precisamente, la diferencia entre fortalecer la democracia o iniciar su deterioro.Las democracias no solo necesitan libertad. Necesitan también confianza. Necesitan partidos políticos responsables. Necesitan ciudadanos críticos, pero comprometidos con el Estado de derecho. Necesitan instituciones que funcionen. Y necesitan liderazgos capaces de colocar el interés nacional por encima de la rentabilidad electoral inmediata.La República Dominicana ha construido, con aciertos y errores, uno de los períodos de mayor estabilidad política, crecimiento económico y alternancia democrática de su historia reciente. Ese patrimonio institucional costó décadas construirlo, pero podría deteriorarse mucho más rápido de lo que tomó consolidarlo. La historia demuestra que la erosión democrática suele ser más veloz que la construcción institucional. Precisamente por ello, el verdadero desafío de nuestro tiempo no consiste únicamente en perfeccionar la democracia, sino en evitar que el legítimo descontento ciudadano termine siendo utilizado para debilitar las instituciones que garantizan nuestras libertades.Los partidos políticos, con todas sus imperfecciones, siguen siendo la principal infraestructura institucional de la democracia. Son los vehículos mediante los cuales se articula la representación política, se canaliza la competencia electoral y se hace posible la alternancia pacífica en el poder. Deben reformarse, modernizarse y recuperar la confianza ciudadana, pero nunca ser sustituidos por un antisistema o la desinstitucionalización.La democracia necesita crítica, necesita reformas y necesita nuevos liderazgos. Lo que no necesita es perder de vista que las reglas del juego democrático están por encima de cualquier persona, de cualquier mayoría circunstancial y de cualquier proyecto político. La historia enseña una lección constante que las democracias rara vez desaparecen porque un solo actor logra destruirlas; con mayor frecuencia se debilitan porque quienes estaban llamados a defenderlas dejan de hacerlo a tiempo. No dejemos que eso ocurra en la República Dominicana. Porque la democracia no suele perderse de un día para otro. Se erosiona lentamente cuando dejamos de defenderla. Y cuando finalmente advertimos su deterioro, con frecuencia ya resulta mucho más difícil reconstruirla y, si esto sucede, tarde o temprano, todos terminamos perdiendo.